Los vecinos de la comarca que acoge la central de Garoña se enfrentan a una planta de reciclaje de residuos peligrosos
Fue la primera comarca que lanzó guiños al cementerio nuclear, pero la división social lo echó por tierra. Hoy, Las Merindades de Burgos, donde se sitúa la central de Garoña, afronta otro proyecto que encrespa a sus vecinos: una planta de reciclaje de neumáticos, plásticos de coches y electrodomésticos.
No eran más de veinte vecinos, pero los gritos, recriminaciones e insultos retumbaban en cada esquina de Moneo, un pequeño pueblo de 30 habitantes situado en Las Merindades, comarca de la provincia de Burgos que cuenta con 27 municipios y poco menos de 25.000 habitantes. En el orden del día de la Junta Vecinal –se trata de una entidad administrativa que depende formalmente del Ayuntamiento de Medina del Pomar–, había un solo punto: la inminente llegada de la empresa Reciclados Ecológicos Burgaleses. La alcaldesa, Isabel Trigo (PP), defiende su instalación a capa y espada, mientras que el secretario de la Junta, Ramón García, es el dueño de la parcela de Moneo en la que se desarrollará el proyecto. La vendió hace algunos meses, y el precio es un auténtico misterio. Solo se sabe que la inversión total que realizará la empresa asciende a 20 millones de euros.
El último viernes de enero, Trigo y García tuvieron que hacer frente a las críticas de sus vecinos. A pesar de su carácter abierto, ambos responsables municipales impidieron la presencia de interviú en la tensa sesión. “La parcela es mía, y me importa un bledo lo que hagan allí”, dijo el dueño del terreno durante la reunión. Desde el público le tacharon de “egoísta” e “interesado”. “¿Qué cuánto he cobrado? Eso es asunto mío y de más nadie”, responde García a la salida del encuentro. Fuera del local le esperaban varios miembros de la Plataforma Merindades Limpias, que se opone al citado proyecto. “Esto es increíble. Se piensan que todos vamos a trabajar ahí”, dice la vecina Yolanda Ratón. Según los datos de la Junta de Castilla y León, se trata de una “planta industrial para la obtención de hidrocarburo líquido” que reciclará neumáticos fuera de uso, plásticos de vehículos y las partes no metálicas de aparatos eléctricos y electrónicos. Al frente de este proyecto se encuentra el empresario David Aragón, que ya cuenta con una planta similar en la localidad sevillana de Aznalcóllar, donde la producción es cinco veces menor a la que se prevé en Burgos. Sus críticos aseguran que la fábrica andaluza ha tenido continuos problemas de funcionamiento y que aún no ha logrado arrancar a pleno motor. En el caso de Burgos, el hidrocarburo obtenido tendría como destino la planta de Petronor en Muskiz (Vizcaya).
En abril pasado, el Gobierno castellano resolvió que el proyecto no necesitaba someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, alegando que está contemplado como una instalación de “almacenamiento de productos petroquímicos y químicos”. En la correspondiente orden, el Ejecutivo autónomo señala que la parcela donde se emplazará la factoría “se enmarca en una zona deshumanizada y eminentemente agrícola”. Carlos Moreno, un madrileño que lleva diez años en Moneo, dice que él, su mujer y sus dos pequeños hijos son el vivo ejemplo de una zona “humanizada”. La fábrica quedará a 400 metros de su casa, por lo que ha presentado alegaciones ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Castilla y León.
Hace algunas semanas, cerca de su casa aparecieron unas pintadas a favor de la instalación de la recicladora y en las que se tachaba de “primitivos” a sus detractores. Por su parte, la vivienda de la alcaldesa de Moneo y la nave industrial situada justo delante de los terrenos donde se instalará Reciclados Ecológicos Burgaleses también fueron objeto de pintadas, en ambos casos con lemas contrarios al proyecto. En una de las paredes, las manos anónimas dejaron escrita la palabra cáncer. Nadie se anima a señalar a los autores, pero la alcaldesa de Moneo lanza sus sospechas al aire. “El único que aquí anda dando voces es un señor que debe ser de un grupo ecologista”, dice la regidora.
En efecto, fueron las voces de los ecologistas, unidas a las de la mayoría de los vecinos, las que ya impidieron que esta zona albergara el cementerio nuclear. Su principal defensor era el alcalde de Merindad de Cuesta-Urria, Alfredo Beltrán –del PP–, quien además integra la comisión directiva de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). “Lo estudié como una alternativa para mi pueblo, pero no iba a tirar para adelante si mis vecinos no estaban a favor. Así y todo, creo que fue una oportunidad perdida”, confiesa Beltrán. Ahora el alcalde estudia los efectos que tendría la llegada de la recicladora, que quedará a poca distancia de dos núcleos urbanos: San Cristóbal y Pradolamata.
Uno de los grupos que se movilizaron contra su propuesta de acoger el cementerio nuclear fue Tesla Viva. Su portavoz, Marta Quintanilla, advierte que lucharán “con las mismas fuerzas” para tratar de frenar la llegada de esta planta. “Entre el cementerio y lo que quieren hacer en Moneo, me quedo con el primero”, asevera. Agapito Suárez, un veterano ecologista y pescador aficionado que lideró las protestas locales contra Garoña, también compara el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC) con la planta que convertirá los restos de neumáticos y plásticos de coches en hidrocarburo. “Si tuviese que elegir, me quedo con el cementerio, porque por lo menos va a estar controlado y contaminará menos”, afirma.
En el Ayuntamiento de Medina de Pomar, donde actualmente se tramitan las licencias de obra de la futura instalación industrial, sus responsables creen que detrás de estas críticas hay “intereses políticos”. Alfonso Martínez, miembro del PP y concejal de Medio Ambiente, defiende el interés social de esta iniciativa empresarial. “Será muy importante para la generación de empleo en la comarca”, señala. Según las previsiones de sus promotores, se crearán entre 40 y 50 puestos de trabajo. En Medina, cerca de 300 personas viven de la central nuclear de Garoña, que cerrará sus puertas en 2013.
Dentro del consistorio, los ocho representantes del PP han hecho una piña a favor de la recicladora, a la que el PSOE –con cinco concejales– se opone. “Yo aquí tengo mis hijos, y sería la primera que no querría algo nocivo para mi pueblo”, afirma la concejala de Cultura, Mónica Pérez. El edil socialista Vicente Alonso dice que detrás de esta encendida defensa “hay intereses que aún no llegamos a comprender”. Recuerda que el alcalde de Medina, José Antonio López Marañón, acompañó al representante de Reciclados Burgaleses a la Junta de Castilla y León para que presentara su iniciativa. “Lo peor de todo es que esta fábrica es contaminante y el PP lo sabe”, critica el concejal socialista.
Madres asustadas
En un informe conjunto elaborado por la Plataforma Merindades Limpias, Ecologistas en Acción y el colectivo Amigos de Moneo, sus integrantes denuncian que la industria proyectada emitirá sustancias en niveles “hasta 46 veces superiores al máximo legal permitido”, e inciden en la presencia de cloruro de hidrógeno, “causante de la lluvia ácida”. “Dejar que una planta de estas características –añade el informe– se instale en Las Merindades sería el equivalente a jugar a la ruleta rusa con toda la población de un radio de 30 kilómetros”.
Esos mismos miedos llevaron a las madres de los 500 alumnos que asisten al colegio público de ese municipio a iniciar una campaña contra la fábrica, que quedará a 3.500 metros del centro educativo. “Si se produce un accidente, arrasará con todo lo que hay alrededor”, advierten Mercedes Helguera y Mónica Cereceda, dos representantes del AMPA. Su posición llegó al Ayuntamiento, donde el concejal de Medio Ambiente critica a quienes “manipulan a los chavalillos”. “Los árboles emiten CO2 y a nadie se le ocurre cortarlos”, dispara.
La crispación social derivó en la mayor manifestación que esta zona recuerda. Fue el pasado 6 de diciembre, y según sus organizadores, asistieron cerca de tres mil personas. Y a finales de enero, la consejera de Medio Ambiente de la Junta, María Jesús Ruiz, recibió 7.200 firmas pidiéndole que detuviera el proyecto.
Los opositores reclaman que las administraciones apuesten por el desarrollo turístico y agrario de la zona. En verano, las localidades de la comarca ven multiplicar su población gracias al importante afluente de turistas, en su mayoría del País Vasco. Ángel Pérez, propietario de una casa rural en la zona de Las Merindades, dice que la recicladora de neumáticos será una “mala propaganda”. Entre los agricultores –el otro pilar económico– hay una opinión similar. Rodrigo Ajuria, un joven dedicado al cultivo de pipas y cereales, está preocupado. “Si hay contaminación, nuestra producción bajará irremediablemente”, señala.
Fuente: Interviu
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