miércoles, 30 de mayo de 2012

El Consistorio de Trespaderne debe devolver 98.000 euros por no destinarlos a turismo


En marzo de 2006, el entonces alcalde de Trespaderne José Luis López Martínez, anunciaba una buena noticia para la localidad. El municipio había sido considerado merecedor del apoyo del Fondo de Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) del ahora Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En 2007, el Consistorio recibió un préstamo a 15 años de 246.000 euros con un interés del 0,5% y cinco años de carencia, de tal modo, que las primeras cuotas iban a empezar a pagarse en 2012. Ahora, la Secretaría de Estado de Turismo, de la que depende el FOMIT, exige al Consistorio la devolución en bloque de 98.000 euros, por considerar que no se han destinado a fines turísticos.
Según dio cuenta la alcaldesa, Isabel López, en el último pleno, el Gobierno central realiza ahora esta reclamación, porque el anterior equipo de gobierno no envió al Ministerio facturas justificativas del gasto de 68.000 de los 246.000 euros recibidos y parte de las que envió relativas a la ejecución de un sendero entre la Horadada y los yacimientos de Santa María de Mijangos y que suman 30.000 euros han sido rechazadas. El Ministerio entiende que 148.000 euros están bien justificados y se destinaron a fines turísticos, pero que los 98.000 restantes, no.



El dinero ya no está en las arcas municipales y este nuevo pago imprevisto se suma a la ya muy difícil situación económica del Ayuntamiento de Trespaderne. Ante ello, la alcaldesa espera que el Ministerio admita las facturas relativas al sendero y anuncia que  «tratará de retrasar el pago del resto lo máximo posible y negociar alguna fórmula para su devolución». Ante estos hechos, el portavoz del anterior equipo de gobierno, ahora en la oposición, Abel Fernández, no dio ninguna explicación en el pleno.

Además de la devolución de este bloque de dinero, el actual equipo de gobierno también comenzará a asumir el pago de las cuotas del resto del dinero prestado (148.000 euros), que se irá abonando durante los próximos diez años al FOMIT. El pasado 31 de diciembre, según el Ministerio de Hacienda, la deuda viva del Ayuntamiento de Trespaderne debido a los préstamos aún vigentes ascendía a 481.000 euros. A esta cantidad hay que sumar los 300.000 pendientes de pago a empresas y que el Ministerio de Hacienda irá restando de los fondos que el Estado transfiere al municipio, así como otras deudas, como la acumulada con la Mancomunidad Ebro Nela, que realiza la recogida de basura.

Asimismo, el urbanizador del polígono industrial reclama una deuda de 635.293 euros más intereses de demora, pero el pago de esta cantidad será determinada por los tribunales, a los que han acudido tanto el Ayuntamiento como el empresario.


sábado, 5 de mayo de 2012

La «inseguridad» del polígono echa atrás una inversión de 20 millones

A. Castellanos / Trespaderne



El proyecto de construir una fábrica de pellet alimentada con energía renovable procedente de la biomasa, una de las inversiones empresariales de mayor calado previstas en la comarca de Las Merindades y que había fijado sus ojos en el polígono industrial La Niesta de Trespaderne será realidad, pero en el parque empresarial del vecino Valle de Tobalina. Sus promotores, un grupo de inversores nacionales entre los que se encuentra un empresario de Trespaderne, confirmaron ayer a DB que han decidido renunciar a instalarse en la localidad «ante la falta de seguridad jurídica del polígono industrial, inmerso en un proceso judicial entre el Ayuntamiento y el urbanizador que puede durar varios años, y porque no tenemos garantizados los accesos a las parcelas».
La empresa Energías Renovables Trespaderne S.L., que iba a invertir 20 millones de euros en Trespaderne, resultó adjudicataria de varias parcelas que sumaban 10.000 metros cuadrados de terreno en el polígono promovido por el Ayuntamiento. La firma ingresó el aval por la garantía definitiva, pero a la hora de escriturar el suelo «se nos comunicó que había un problema con los accesos y el suministro de electricidad», señalan sus titulares. «El Ayuntamiento nos ofreció un acceso provisional por una propiedad privada, cuyos titulares habían autorizado su uso», explican las mismas fuentes. «Pero cuando le explicamos a este propietario que, si el problema de la falta de accesos se mantenía en el tiempo, la empresa, una vez en marcha, iba a generar un tráfico diario de entre 30 y 50 camiones, no nos garantizó que fuera a mantener su autorización», añaden.
El resultado es que «sin un cien por cien de seguridad jurídica, los inversores han dicho que no a seguir adelante», explican los impulsores del proyecto, quienes ya han realizado la reserva de 12.000 metros cuadrados en el Parque Empresarial del Valle de Tobalina. Esta iniciativa empresarial obtuvo el pasado año un préstamo de 1,2 millones de euros del Plan de Reindustrialización de la Zona de Garoña (Reindus), por lo que sus responsables han tenido que solicitar al Ministerio de Industria el cambio de ubicación y se les ha concedido. No obstante, el préstamo del Reindus representa una pequeña parte de la inversión de 20 millones prevista para hacer realidad esta planta que podrá producir 70.000 toneladas de pellet al año.
Precisamente por ello, los promotores de la factoría aseguran que la suspensión de las ayudas del Reindus en la zona de Garoña en 2012 no les ha supuesto ningún problema, «porque en nuestras planificaciones financieras no contábamos con esa ayuda, dada la situación de crisis». No obstante, si confían en obtener apoyo de la convocatoria general de reindustrailización «por el tipo de proyecto que es y por el empleo que generará», en principio, entorno a una veintena de puestos directos.

Alcaldesa
Ante esta situación, la alcaldesa de Trespaderne, Isabel López, lamentaba ayer la decisión tomada por esta empresa y señalaba que «los problemas que estamos teniendo con el urbanizador del polígono han sido el detonante de esta situación». No obstante, señaló que espera que «en tres meses, el Consejo Consultivo de Castilla y León nos dé la razón, se anulen los contratos firmados con el urbanizador y tenga que abandonar las obras» iniciadas en 2007.